Los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso del Estado realizaron una mesa de trabajo con especialistas para analizar las diversas iniciativas de reforma al Código Penal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la propuesta de crear una Ley que regule el empleo de la Fuerza y las Armas por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios de Nuevo León.
Durante la reunión, los Diputados escucharon las opiniones e inquietudes sobre la iniciativa de Ley que Regula el Empleo de la Fuerza y las Armas por las Instituciones de Seguridad del Estado y Municipios, la cual promovió la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Minerva Martínez Garza.
El Presidente de la Comisión, Francisco Cienfuegos Martínez, indicó que se estudiará a detalle la viabilidad de aprobar la creación de la Ley para Regular el Uso de la Fuerza y las Armas o hacer sólo adecuaciones a la Ley Estatal de Seguridad.
“Hay que comparar si los artículos que contempla esta ley ya vienen en el capítulo del Uso de la Fuerza Pública de la actual Ley de Seguridad Pública y en dado caso no crear leyes por crear, porque somos más partidarios de poder unificar criterios”, dijo.
En la mesa de trabajo se abordó la modificación al artículo 66 del Código Penal que consiste en perseguir de oficio los accidentes viales donde haya lesionados, mientras que la reforma al artículo 259 del mismo Código, que también se discutió, contempla ampliar los delitos por pudor.
Por su parte, la titular de la CEDH manifestó que aunque el Estado tiene la atribución legal del uso de la fuerza, debe legislarse en la materia.
«Es urgente regular el uso legítimo de la fuerza», comentó Minerva Martínez Garza.
En la mesa de trabajo estuvieron presentes Los Diputados Luis David Ortiz Salinas, Fernando Elizondo Ortiz, Gerardo García Elizondo, Lorena Cano López, José Adrián González Navarro y Gustavo Caballero Camargo.
Así como autoridades municipales, integrantes del Colegio de Abogados y representantes de instituciones académicas, del Instituto Estatal de Seguridad Pública y de la Asociación Avance Por los Derechos de México.