La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió dos recomendaciones en las que pide el reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y al Municipio de Cadereyta Jiménez por dos casos de desaparición forzada, y una tercera resolución por víctima de ejecución arbitraria.
La presidenta del Organismo, Sofía Velasco Becerra detalló que en la Recomendación 1/2017 emitida al Municipio de Cadereyta Jiménez, la CEDHNL acreditó la desaparición desde abril 2015 hasta la fecha de otro hombre mayor de edad, tras la detención por parte de elementos municipales.
Respecto al caso de la Recomendación 2/2017 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León corresponde a hechos de mayo de 2016 en los que elementos de Fuerza Civil privaron de la libertad a un hombre mayor de edad en presencia de sus familiares quienes ignoraron sobre su paradero hasta que fue encontrado sin vida once días después.
En ambos casos se negó a las y los familiares sobre registro alguno de la detención de estas dos personas así como el desconocimiento de su ubicación en las corporaciones que realizaron las detenciones.
Velasco Becerra, puntualizó que la desaparición forzada constituye una violación múltiple a los derechos humanos como lo son el derecho a la libertad, la integridad personal y la personalidad jurídica de las víctimas, así como también la afectación del derecho a la integridad y a las garantías judiciales de sus familiares ante la falta del conocimiento de la vedad.
Por lo que la Comisión solicitó a las autoridades mencionadas en las Recomendaciones I y 2 el reconocimiento de la responsabilidad y una disculpa pública a fin de evitar la impunidad de los hechos; así como las pertinentes investigaciones, la garantía de no repetición y eliminación de esta práctica violatoria de derechos, además de la capacitación del personal policial.
La titular de este Organismo informó que en la Recomendación 3/2017 dirigida también a la Secretaría de Seguridad Pública estatal se acreditó la ejecución arbitraria de un menor de edad detenido por elementos de Fuerza Civil en un operativo implementado en un evento musical masivos del tipo denominado vallenato.
En la investigación se acreditó la violación al derecho a la vida y la integridad personal por el uso desproporcionado de la fuerza, así como también el derecho a la no discriminación por la afectación a las personas asistentes a este evento.
La Recomendación señala la indemnización de los gastos generados tras la pérdida de la vida del menor y el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa al personal involucrado. Enfatiza la urgencia de implementar protocolos en materia de detención y uso de la fuerza en las acciones de dicha corporación y la capacitación de sus elementos en materia de derechos humanos.