La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León lamenta las declaraciones emitidas el día de ayer por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y publicadas en diversos medios impresos y electrónicos. En éstos textualmente se lee: “Este Organismo no ha hecho absolutamente nada por los derechos humanos”; “Bazán no va a ir [al Congreso] porque no vamos más que a perder el tiempo…”; “Es una capataz…”, entre otros adjetivos hacia su Titular.
Tales pronunciamientos resultan inadmisibles en el ámbito de una democracia constitucional, donde los derechos humanos constituyen su principal criterio no sólo de justicia sino de legitimidad política que sujeta a todos los poderes públicos y, principalmente, al Poder Ejecutivo. A éste corresponde respetar y promover dichos derechos, lo cual evidentemente no se logra con la violencia institucional y de género que sus declaraciones constituyen.
Es importante mencionar que, con sus palabras, en su calidad de Gobernador, este transgrede el Estado de Derecho y el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, sistema que, acorde con los “Principios de París”, debe contar con garantías de independencia, a efecto de cumplir con sus fines de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Las acciones que se han realizado en el caso del niño Ángel se han llevado a cabo siguiendo los más altos parámetros jurídicos y éticos, a más del riguroso respeto al marco constitucional y legal que establece un procedimiento específico ante la negativa de las autoridades de aceptar Recomendaciones. Instruir, como ha hecho el Gobernador, a la Encargada de la Dirección General del DIF Nuevo León para no atender el cumplimiento del marco normativo establecido, implica contravenir flagrantemente los principios constitucionales y atentar nuevamente contra los derechos de las víctimas.
Es preciso señalar que este Organismo permanece abierto al diálogo institucional, el cual debe realizarse con respeto, pues la protección de los derechos humanos debe estar más allá de coyunturas políticas.
Exigimos que las acciones de las autoridades se ajusten puntualmente a los ordenamientos jurídicos y respeten tanto la autonomía constitucional de que está dotado este Organismo público como la memoria de quienes, por abusos de poder, han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos.