El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) presentó una iniciativa para dotar de certeza jurídica a las mujeres que se adhieren al derecho de incapacidad por maternidad, a través de un Certificado Único de Incapacidad por 84 días.
En un comunicado especificó que su iniciativa es para reformar los artículos 101 y 102 de la Ley del Seguro Social
Explicó que actualmente el descanso obligatorio que se otorga a las trabajadoras antes y después del parto, se encuentra relacionado con el pago de un subsidio, el cual se otorga en sustitución del salario que percibían por el trabajo prestado hasta antes que les fuese concedida la incapacidad por maternidad.
No obstante, apuntó que la expedición de un solo certificado de incapacidad que ampare tanto el periodo prenatal como el postnatal, y el pago en una sola exhibición del subsidio, están sujetos a criterios administrativos debido a que no existe legislación que le dé certeza, cuestión que representa una omisión y debe subsanarse.
Argumentó que la iniciativa se sustenta en el artículo 123 de la Constitución, en el que se establecen los derechos que deben gozar las mujeres por maternidad, como la salvaguarda de su salud y seguridad durante su gestación y después del parto, así como garantizar un periodo adecuado de descanso y protección contra el despido por dicha condición.
Explicó que la Ley del Seguro Social vigente contempla el derecho de la asegurada a percibir un subsidio durante el embarazo y puerperio, por 42 días anteriores al parto y 41 días posteriores al mismo.
Sin embargo, refirió que la iniciativa permite armonizar los artículos de esta ley en la materia, por ello, puntualizó que el certificado único amparará ambos periodos y el pago del subsidio deberá realizarse en una sola exhibición.
Agregó que también se estipula la opción de transferir hasta cuatro de las seis semanas del periodo prenatal al posnatal, todo ello, con el propósito de salvaguardar el derecho de maternidad de las mujeres mexicanas.
Carvajal Hidalgo indicó que su propuesta no tendrá impacto presupuestal, toda vez que el procedimiento ya se ejecuta en el instituto como una práctica administrativa. “No existe la necesidad de señalar el sustento financiero que permita determinar los gastos generados por la presente modificación”.