Para que los padres de familia puedan afrontar económicamente el regreso a clases en escuelas públicas o privadas, el Grupo Legislativo del PRI a través del Diputado Gerardo Govea exhortó a la Secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, que promueva acuerdos entre los directivos y los papás para que haya flexibilidad a la hora de realizar los pagos de colegiaturas, inscripciones, mensualidades y útiles escolares, y así evitar, también, la deserción escolar.
Desde tribuna, en el marco de la sesión de la Diputación Permanente de este miércoles, el priísta estimó viable que las autoridades educativas intervengan para que las madres y padres de familia puedan realizar los pagos en parcialidades, meses sin intereses, descuentos o alguna otra modalidad que permita a sus hijos el acceso a clases, al tiempo que recordó que las cuotas escolares están prohibidas en el sistema de educación pública.
“Hay que hacer un ejercicio de empatía con los padres de familia, quienes se han visto afectados en su economía por esta crisis sanitaria sin precedentes. Es prioritario apoyar la economía de las familias de Nuevo León que se han visto afectadas por la pandemia derivada del coronavirus y se han visto en la necesidad de hasta vender o empeñar bienes con tal de que sus hijos reciban una educación de calidad”, apuntó Govea.
“Consideramos necesario vigilar que este regreso a clases no esté condicionado por parte de directivos o maestros a la compra de uniformes, útiles escolares de marca específicas, computadoras, tabletas electrónicas, cobros excesivos y que haya flexibilidad para el pago de colegiaturas, ya que lo que se debe priorizar en este regreso a clases es el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, luego año y medio de pandemia”, manifestó.
El exhorto que fue aprobado por unanimidad, incluyó la petición hecha, el pasado domingo, por el Coordinador del GLPRI, Álvaro Ibarra, para que el Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Nuevo León, Aarón González Vázquez, implemente operativos de verificación de precios en planteles escolares y negocios, para evitar abusos y cobros excesivos en venta de uniformes, útiles escolares, computadoras y tabletas electrónicas.
Govea refirió que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta para la Medición del Impacto de la Covid-19 en el país, publicada el pasado mes de marzo, el 8.9% de los estudiantes dejaron las clases por falta de dinero o recursos. Se calcula que 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes corresponden a escuelas públicas y 243 mil a escuelas privadas.
“Claramente nos encontramos ante un escenario de deserción escolar sin precedentes que involucra principalmente el factor económico, el cual se ha visto afectado por la falta de empleo, por la muerte de la persona proveedora de recursos, la falta de apoyos económicos y la brecha digital que limita el acceso a las tecnologías de la información y al internet a muchas familias en nuestro país”, advirtió.