Con el propósito de dar certeza jurídica al trabajo de la Fiscalía General de Justica, el Grupo Legislativo del PRI, vía el Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presentó iniciativa de reforma a 36 leyes locales que van desde la Ley Orgánica de la Administración Pública hasta el Código Penal en el Estado, al tiempo que presentó otra iniciativa de reforma a la Constitución para fortalecer la protección de los Derechos Humanos.
El también Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública expresó que en el caso de la Fiscalía se busca mejorar los marcos normativos, brindando andamiajes jurídicos sólidos y justos para los nuevoleoneses.
“En la iniciativa que contiene 36 reformas a normas estatales, las que además de sustituir las referencias de Procuraduría General de Justicia por Fiscalía General de Justicia, evitará posibles confusiones entre los operadores jurídicos, brindando certeza jurídica y claridad de las funciones propias de ese órgano autónomo”, manifestó el Diputado Álvaro Ibarra.
“Las reformas respecto a la denominación de la Fiscalía solucionan la problemática sobre la regulación legal de las competencias, facultades o atribuciones que corresponden a la institución del Ministerio Público y aquellas que, siendo reconocidas a la Procuraduría General, son contrarias a la autonomía de la Fiscalía General por basarse en una dependencia jerárquica ahora inexistente”, detalló el Legislador priísta, luego de presentar las propuestas en Oficialía de Partes del Congreso.
Ibarra también presentó iniciativa de reforma en relación a la protección de los Derechos Humanos, por lo que propuso modificaciones a la Constitución Local.
“La reforma constitucional es un avance en pro de los derechos humanos, al lograr que las resoluciones de la Corte Interamericana actúen como instrumento adicional que brinde una mayor gama de derechos e interpretación de los mismos para los ciudadanos de Nuevo León”, precisó el Legislador tricolor.
“La reforma constitucional permitirá que la protección de los derechos humanos se dé en su más amplía interpretación, incluso internacional. Su redacción obligará a la autoridad a aplicar las normas que otorguen mayor beneficio a los ciudadanos”, concluyó Ibarra Hinojosa.