A partir del próximo mes de noviembre, se iniciarán en Tamaulipas los trabajos para la construcción de la primera planta de energía eólica en Latinoamérica destinada a generar energía eléctrica para beneficio de entidades públicas, que con una inversión de 328 millones de dólares y capacidad total de 160 megawatts se convertirá en una respuesta responsable del Estado al reto del cambio climático y al cuidado ambiental, informó el gobernador Eugenio Hernández Flores.
«Una vez que se concluya en noviembre del 2010, esta planta brindará un servicio de energía limpia y económica al Estado y sus municipios, con usos en hospitales, alumbrado público, Comapas y edificios gubernamentales, entre otras aplicaciones. Hasta ahora las que ya operan en América Latina atienden sólo a instituciones del sector privado», añadió el mandatario.
El titular del Ejecutivo Estatal destacó que este es el resultado del compromiso que formalizaron este martes las empresas Siemens y Sistemas de Energía Renovable (RES por sus siglas en inglés) con la Agencia Ambiental para el Desarrollo Sustentable para empezar este complejo en la comunidad Los Vergeles, en San Fernando.
Asimismo, Hernández Flores subrayó que los 160 megawats que producirá este complejo de generación de energía eólica serán destinados exclusivamente para satisfacer las necesidades de las entidades públicas de Tamaulipas, para lo cual los 43 ayuntamientos ya cuentan con autorización para convertirse en autogeneradores de energía, en lo que se refiere a su utilización en servicios que preste a sus respectivas comunidades.
Los objetivos primordiales de la producción y uso de la energía eólica en Tamaulipas son combatir a través de tecnologías limpias principalmente los efectos negativos del cambio climático y utilizar energía renovable, los cuales son propósitos de la administración del gobernador Eugenio Hernández Flores, en su interés de proteger adecuadamente la ecología del Estado y buscar un beneficio para los municipios, tanto en el renglón ambiental y económico.
Esta planta se convierte así en un ejemplo nacional de cómo un Estado responde al llamado nacional e internacional de proteger al medio ambiente, que como beneficio colateral posee reducir el gasto que registran gobierno estatal y municipios por el uso de energía eléctrica.