Para garantizar más derechos a indiciados y víctimas del delito, el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que da paso a un nuevo sistema penal acusatorio basado en el principio de “presunción de inocencia”.
El dictamen presentado fue avalado en segunda vuelta para su aplicación definitiva, sumándose a la transformación integral al sistema de justicia federal, al rediseñar la administración, procuración y aplicación de justicia.
Por medio de una serie de mesas de trabajo con representantes del Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría de Justicia, Colegios de Abogados, académicos y jurisconsultos, se concreto esta aprobación, seguida de una serie de adecuaciones al Código Penal del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, entre otras normas.
Dentro de los principales objetivos de esta reforma es el impulsar la profesionalización de los cuerpos policiacos para que puedan participar en las tareas de investigación, además que se abrirá la posibilidad de que los particulares puedan solicitar acción penal ante los jueces, sin la intervención del Ministerio Público, como es en la actualidad.
Así como se destaca los “jueces de control” que tendrán la responsabilidad de dar celeridad a los asuntos y vigilar que se hayan cumplido los procedimientos conforme a derecho para garantizar los derechos de víctimas e indiciados; juicios orales en materia penal ante juzgados colegiados y las audiencias serán abiertas al público, establecer medios alternos para solución de conflictos con participación de las autoridades para supervisar su cumplimiento, para que los daños sean reparados, entre otros aspectos de relevancia.