Samuel Hiram Ramírez Mejía, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey, explicó que las diferencias entre el TEE y la CEE en torno a las reglas de equidad para las candidaturas es un tema de derechos humanos
San Pedro Garza García, Nuevo León, 4 de febrero 2015.- El enfrentamiento entre el Tribunal Estatal Electoral y la Comisión local por la corrección de las reglas para garantizar la paridad de género en las candidaturas es “una lucha de todos” y, en el fondo, es un tema de derechos humanos, afirmó Samuel Hiram Ramírez Mejía, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey.
“De hecho, es una lucha que corresponde a todos; finalmente, si en el centro de este discurso está el tema de derechos humanos, pues debemos estar involucrados todos: hombres, mujeres, autoridades, partidos; debe ser un discurso homogéneo”, sostuvo el catedrático.
Ante impugnaciones promovidas por los partidos Acción Nacional, Verde Ecologista y del Trabajo, el pasado 13 de enero el TEE demandó al CEE corregir diversos puntos del acuerdo que definía las reglas para garantizar las candidaturas para las elecciones del próximo 7 de junio, por considerar que el organismo se excedió en facultades al establecer reglas que afectan la organización interna de los partidos.
Ramírez Mejía sostuvo que la situación que se vive entre la Comisión y el Tribunal es una etapa más del vaivén que hay en el tema de la equidad, pero que se espera una regularización a favor de los derechos de las mujeres.
Incluso, aclaró el también Doctor en Derecho por la UANL, la disposición normativa todavía no está definida, ya que el Tribunal Electoral Federal será quien finalmente defina esta situación.
El especialista en temas de Derecho Electoral, Administrativo y Procesal Constitucional señaló que está clara la obligatoriedad de los tratados internacionales y la aplicación que tienen que dar las autoridades nacionales al respecto.
“Es una cuestión de diferencia respecto a épocas anteriores (…) ya está muy asentado en la institucionalidad mexicana, creo yo, que todas las autoridades están obligadas a respetar y promover y garantizar los derechos humanos”, indicó.
El catedrático explicó que la Comisión Estatal Electoral quiso evidentemente hacer una interpretación lo más favorable a las mujeres para restablecer estas reglas.
