Ante los crecientes riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos, la senadora Marcela Guerra propuso endurecer las sanciones a quienes atenten contra los luchadores y promotores de las garantías fundamentales en el país, ya que de acuerdo a la CNDH en la última década 29 de estas personas han sido asesinadas, 13 de ellas mujeres.
Planteó aumentar hasta en un tercio la pena, cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, así como obstaculizar la labor de una persona defensora de los derechos humanos.
De acuerdo a la CNDH estos activistas reciben desde amenazas de muerte, desaparición forzada y hasta robo de equipo de cómputo, y las entidades con mayor incidencia son Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Chiapas, Ciudad de México y Puebla, señaló la legislaldora por el estado de Nuevo León.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado graves situaciones que amenazan sus garantías, ya que son víctimas de desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal, tanto de agentes estatales como no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia e intervención de comunicaciones.
En la exposición de motivos de su iniciativa de reformas al artículo 51 del Código Penal Federal, refiere que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos registró 104 casos de agresión a personas y organizaciones defensoras del tema, en las que se denunciaron un total de 409 agresiones y 27 asesinatos.