La Suprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León hará todo lo necesario para que Rodrigo Medina de la Cruz comparezca ante un Juez de Control. Adicionalmente, analiza interponer una queja por la suspensión de amparo que otorgó al ex Gobernador el Juzgado Segundo de Distrito de Nuevo León, por considerar que el procedimiento penal es de orden público y no puede ser interrumpido, y, por lo tanto, toda persona que sea llamada debe acudir a la audiencia para la formulación de imputación.
La suspensión concedida por el Juzgado federal, estimó la Subprocuraduría, únicamente protege a Medina de la Cruz de actos que impliquen el uso de la fuerza pública, pero de ninguna manera se le debió otorgar la protección para eludir su comparecencia a la audiencia de hoy en el Palacio de Justicia de Monterrey. Jorge Emilio Iruegas, Director de la Subprocuraduría Especializada para el Combate a la Corrupción, informó la factibilidad de promover una queja a nivel federal.
Es importante enfatizar, expresó Iruegas, que la suspensión otorgada a Medina de la Cruz no analizó el fondo del asunto y mucho menos la solidez de la investigación, sino que se refirió simplemente a si un citatorio se puede considerar o no un acto de molestia.
Por la mañana, en la audiencia oral de formulación de imputación, el Ministerio Público solicitó a la Jueza Yadira Baca Saucedo declarar al ex Gobernador como sustraído de la justicia por no haberse presentado. Y aunque la Jueza dio la razón a la Fiscalía, el pronunciamiento no procedió por la suspensión de amparo que otorgó la instancia federal.
Aldo Fasci Zuazua, Asesor del Ejecutivo, consideró que la defensa del ex Gobernador busca atrasar el procedimiento de la justicia. Ernesto Canales, Fiscal Anticorrupción, refrendó su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en cada una de las investigaciones iniciadas por este gobierno. Señaló que la suspensión provisional concedida a Medina demuestra que en México es difícil llevar a la justicia los casos de corrupción.
Medina de la Cruz estaba citado para acudir hoy a una audiencia de imputación por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y peculado, derivados de la “Operación Tornado”.