El Congreso del Estado aprobó en segunda vuelta reformas a la Constitución Política de Nuevo León para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.
Con las reformas aprobadas Nuevo León se convierte en el primer estado del país en sentar las bases del SEA y en incluir la obligación constitucional para que todos los servidores presenten su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal; denominada 3 de 3. Se incluye la figura del Fiscal Anticorrupción autónomo por un periodo no mayor a 8 años, da herramientas para que el Auditor Superior del Estado pueda auditar en tiempo real e interponer denuncias por malos manejos.
Así mismo establece las sanciones para servidores públicos o particulares que incurran en actos de corrupción las cuales consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los hechos, actos u omisiones. El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un comité coordinador, comité de participación ciudadana del sistema y el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos.
De acuerdo a las reformas aprobadas por unanimidad del Pleno, podrán ser sujetos a Juicio Político los Diputados al Congreso del Estado, los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, los Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Consejeros de la Judicatura del Estado, los Jueces, el Procurador General de Justicia, el Fiscal Anticorrupción, los Secretarios del Despacho del Ejecutivo, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos; así como los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos.
El dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y Anticorrupción fue presentado por los Diputado Héctor García García y Ángel Barroso Correa y respaldada por los Legisladores Arturo Salinas Garza, Gloria Treviño Salazar, Samuel García Sepúlveda, Sergio Arellano Balderas y Felipe Hernández Marroquín, quienes coincidieron que las reformas colocan a Nuevo León un paso adelante del resto de los estados del país en materia anticorrupción.
La diputada Gloria Concepción Treviño Salazar expresó “Hoy estamos cumpliendo con lo que tanto pidieron los ciudadanos que es combatir a la corrupción, hoy estamos dándole más dientes a la Auditoria Superior del Estado, hoy estamos fijando las bases para un fiscal anticorrupción realmente autónomo que no dependa del Ejecutivo”.
El Legislador Samuel Alejandro García Sepúlveda señaló en tribuna “que no quede lugar a dudas que se hizo lo mejor que se pudo, hace seis meses discutíamos y hoy realizamos un buen trabajo como Legislatura por fin este Congreso va a ratificar a los Contralores del Ejecutivo y de las paraestatales, ya no más Contralores a modo”.
Se establece un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales que resulten aplicables, para que el Congreso del Estado apruebe la Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; así como las reformas a la legislación del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del Estado, la Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Ley de Gobierno Municipal del Estado.
Los Municipios deberán dentro de su competencia realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes secundarias.