“Lejos de disminuir el costo de los procesos electorales, las reformas ocasionarán elecciones más caras y un financiamiento aún más elevado para los partidos políticos que contiendan”, asevero Luis Carlos Ugalde, ex Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) al participar con la temática “Dinero y Fiscalización”, presentada dentro del “Seminario de Estudios Político-Electorales: Los retos de la transición institucional”, organizado por la CEE-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Señalando al dinero como el principal problema para la democracia, ya que el rubro de fiscalización se quedó a medias dentro de las nuevas reformas electorales.
“el dinero es y seguirá siendo el principal problema a abatir para contar con una democracia óptima. Es una reforma irrelevante porque no va al fondo del asunto porque en general no ataca el problema de fondo que es el creciente dinero en las campañas y que genera corrupción, y como no lo ataca el problema de la inequidad va a mantenerse, ése es el principal problema”, aseveró.
De igual forma, señaló que la centralización de la atribución de organizar los procesos electorales en un solo Instituto Nacional Electoral, así como el nombramiento de los consejeros electorales en los Estados y la fiscalización que tendrá que realizar, tampoco erradicarán ni evitará que se rebasen los topes de campaña; ya que no se crearon mecanismos para detectar el financiamiento que no se reporta, señalando que las investigaciones demuestran que por cada peso reportado, puede haber hasta tres pesos que no se reportan.
Otro error, dijo, es que la fórmula de asignación de prerrogativas a los partidos políticas, que considera el padrón electoral y el salario mínimo, se aplica para todas las entidades de la República en general, lo que vuelve disparejo el costo de las elecciones en cada Estado, sin considerar las características particulares de cada entidad.
“Creo que éste es el problema de fondo que no abordó la reforma electoral”, dijo.
Ugalde destacó que en los últimos años el costo de la democracia ha ido en aumento, pese a la emisión o modificación de normativas que buscan reforzar la fiscalización de los recursos invertidos en las campañas, dado que ya es un hecho que el financiamiento privado sobrepasa el público, sin embargo, éste no se reporta, no hay forma de rastrearlo y por consiguiente de fiscalizarlo.