El conflicto por los recursos de Agua y Drenaje de Monterrey regresó al Congreso local, ahora con una propuesta que pretende impedir que los ingresos de la paraestatal terminen comprometidos por impuestos estatales o municipales.
La iniciativa presentada por el priista Javier Caballero Gaona y el coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente, plantea modificar la legislación que regula a Agua y Drenaje para que los recursos obtenidos por la prestación de los servicios permanezcan destinados a la operación y las necesidades de la propia institución.
El planteamiento surge después de que la semana pasada no prosperó el intento de superar el veto a una reforma de la Ley de Hacienda que buscaba eliminar para la paraestatal el cobro del Impuesto Verde.
Pretenden llevar la protección directamente a la ley que crea y regula a Agua y Drenaje, con disposiciones que impidan que nuevos gravámenes o cargas fiscales reduzcan el dinero disponible para atender la red.
La prioridad debe ser que los ingresos del organismo se reflejen en infraestructura, mantenimiento, saneamiento y mejores servicios, en lugar de destinarse al pago de impuestos
Agua y Drenaje no debería pagar impuestos por las actividades relacionadas con la prestación de agua, drenaje e infraestructura, al considerar que esos recursos deben permanecer dentro del propio sistema.
De la Fuente planteó además que la protección no se limite al actual Impuesto Verde.
La reforma contempla que, si posteriormente se crean nuevos impuestos que puedan afectar las finanzas de la paraestatal, tampoco puedan comprometer los recursos necesarios para mantener y ampliar la infraestructura.
Acusó que los ingresos de Agua y Drenaje han sido utilizados para fines distintos a las necesidades inmediatas del servicio y calificó al organismo como una “caja chica”
El reclamo, dijo, tiene como punto central al usuario que paga cada mes su recibo y espera que ese dinero se traduzca en mantenimiento de las líneas de agua potable y de la red de drenaje sanitario.
Se busca obligar a Agua y Drenaje a dejar de operar únicamente con decisiones de corto plazo. Entre las modificaciones se establece la elaboración de un programa plurianual de inversión con una proyección mínima de cinco años.
El documento tendría que ser aprobado y actualizado anualmente por el Consejo de Administración de la paraestatal y enviado al Congreso junto con el informe correspondiente, con lo que los diputados tendrían elementos para revisar el destino y aplicación de los recursos.
Para establecer estas medidas, la iniciativa plantea cambios al artículo 4 de la legislación, la incorporación de un artículo 11 Bis y modificaciones al artículo 12 de la Ley que crea una institución pública descentralizada de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
La apuesta legislativa es que el dinero que entra a Agua y Drenaje permanezca amarrado a las necesidades del servicio y que ningún nuevo impuesto termine restándole capacidad para atender una infraestructura que requiere inversión constante.
