Las recientes afectaciones provocadas por las lluvias en distintos municipios de la zona metropolitana llevaron al Congreso local a solicitar información sobre la aplicación de casi 500 millones de pesos destinados a obras de drenaje durante 2025.
La diputada del PRI, Lorena de la Garza, promovió un exhorto para que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey detalle el uso de los 498 millones de pesos aprobados por el Poder Legislativo para trabajos de rehabilitación de la red sanitaria y proyectos relacionados con la infraestructura hidráulica.
Es necesario conocer el avance físico y financiero de las obras, así como los resultados obtenidos con los recursos autorizados, luego de que diversos municipios continúan registrando problemas derivados de las precipitaciones.
La propuesta también plantea incorporar al Consejo Nuevo León en las tareas de seguimiento y evaluación de estos proyectos, con el objetivo de fortalecer la supervisión de las inversiones públicas destinadas a la infraestructura pluvial y sanitaria de la metrópoli.
De acuerdo con el planteamiento presentado ante el Congreso, los proyectos de drenaje requieren una visión regional que permita atender de manera integral los retos que enfrenta el crecimiento urbano y reducir riesgos para la población durante eventos climatológicos.
Como parte del exhorto, también se hizo un llamado a los municipios metropolitanos para actualizar sus Atlas de Riesgo, herramienta utilizada para identificar zonas vulnerables, orientar el desarrollo urbano y diseñar estrategias de prevención ante contingencias naturales.
La solicitud surge en un contexto donde la infraestructura hidráulica de la zona metropolitana ha sido puesta a prueba por las lluvias registradas en los últimos meses, situación que ha reavivado el debate sobre la planeación, mantenimiento y modernización de las redes de drenaje en Nuevo León.
La propuesta será turnada para su análisis legislativo en busca de obtener información detallada sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de la infraestructura sanitaria en el estado.
