Los juicios políticos contra Samuel García, Gobernador de Nuevo León, avanzan para su resolución, la Comisión Anticorrupción en el m Congreso local, envío 59 oficios para integrar expedientes dando un nuevo paso en los procedimientos de juicio político promovidos contra el Ejecutivo Estatal, oficios que las respectivas dependencias estatales, organismos electorales y autoridades jurisdiccionales deberán recabar información relacionada con tres expedientes que actualmente se encuentran en etapa de investigación.La Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, informó que los requerimientos forman parte de los acuerdos aprobados el pasado 21 de mayo con el objetivo de fortalecer las diligencias y reunir elementos probatorios dentro de los expedientes legislativos 18849/LXXVII, 18859/LXXVII y 16283/LXXVII.“Puedo informar en este momento que ya se remitieron los oficios correspondientes que aprobó la Comisión Anticorrupción respecto a los tres acuerdos para iniciar juicios políticos al Ejecutivo Estatal. A pesar de que hubo resistencia por parte de los Secretarios de recibir la información, en el caso específico de la Secretaría de Finanzas, todas las dependencias recibieron la totalidad de los oficios”, señaló la legisladora.Serrato Flores explicó que las autoridades requeridas disponen de un plazo de seis días hábiles para entregar la documentación solicitada. Posteriormente, la Comisión elaborará un informe preliminar que permitirá valorar nuevas pruebas y determinar si existen elementos suficientes para emitir los dictámenes correspondientes.“Una vez que las dependencias remitan la información dentro de los próximos seis días hábiles, se va a presentar a la comisión un informe previo para poder establecer y confirmar todas las pruebas adicionales que podamos tener en estos tres juicios políticos en contra del Gobernador, y partir de este momento tener un dictamen final que pueda presentarse ante el Pleno del Congreso”, agregó.Uno de los expedientes deriva de resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se determinó una presunta intervención indebida del mandatario estatal en el proceso electoral para el Senado de la República durante 2024, al favorecer supuestamente a una fórmula vinculada a Movimiento Ciudadano.Otro procedimiento está relacionado con resoluciones del mismo órgano jurisdiccional por presuntas violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda presidencial, debido a expresiones y acciones atribuidas al Ejecutivo estatal en favor del entonces candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.El tercer expediente se encuentra vinculado con la presunta omisión del Gobierno Estatal de publicar decretos y acuerdos aprobados por el Congreso de Nuevo León, controversia que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que resolvió a favor del Poder Legislativo.Entre las dependencias que recibieron requerimientos se encuentran la Secretaría General de Gobierno, las Secretarías de Participación Ciudadana, Igualdad e Inclusión, Educación, Cultura, Trabajo, Economía, Movilidad y Planeación Urbana, Medio Ambiente, Salud, Administración, Turismo y Seguridad, además de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.Asimismo, la Comisión solicitó información al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a fiscalías especializadas en delitos electorales, así como a diversas áreas jurídicas y de comunicación social del Gobierno Estatal.Los requerimientos contemplan la entrega de informes, constancias, dictámenes, expedientes y documentación relacionada con procedimientos sancionadores electorales, controversias constitucionales y presuntas omisiones administrativas que forman parte de las investigaciones legislativas.Con el envío de estos oficios, el Congreso del Estado entra en una nueva fase dentro de los procesos de juicio político contra el titular del Ejecutivo estatal, cuyos expedientes podrían avanzar hacia la elaboración de dictámenes que eventualmente serían sometidos a consideración del Pleno.
