Por Pedro García
Los integrantes de la Diputación Permanente aprobaron, por mayoría solicitar, a través de un oficio firmado por los Coordinadores Legislativos, a los directores de las escuelas donde se hayan recibido quejas que no coarten el derecho de los menores a recibir la educación pública gratuita por no haber cubierto el pago de cuotas escolares. Hasta ahí el acuerdo de la diputación Permanente.
Pero lo más relevante fue lo manifestado por la diputada, profesora, Dolores Leal en sesión –posterior- de la Comisión de Educación cuando señaló que es injusta la satanización contra maestros y directores de los planteles sobre el mismo tema de las cuotas al señalar que el problema de fondo es la omisión del gobierno federal de no destinar un presupuesto equivalente al 8 por ciento del Producto interno Bruto, como mínimo, que establecen los parámetros mundiales.
En dicha Comisión se abordó de la disposición de los padres de familia de colaborar con aportaciones económicas para el mantenimiento de las escuelas, de que las cuotas surgen como un acuerdo de la sociedad de padres de cada plantel, de la falta de dinero para acondicionar los centros escolares, entre otros.
Yo, coincido con la diputada Dolores Leal en el sentido de que el gobierno de la República es el directamente responsable de aportar de manera íntegra todos los recursos presupuestales para la educación: construcción de escuelas, equipamiento, mantenimiento, pago de maestros y administrativos, todo.
Y sostengo que sí hay los recursos para ello si consideramos los multimillonarios desvíos que han hecho y siguen cometiendo servidores públicos de todos los niveles. En estos días hay persecución penal contra dos ex gobernadores por presunto peculado, en Tabasco y Aguascalientes. Además de otros casos en los que por interés político se ha dado carpetazo.
También, es absolutamente indispensable frenar los excesos en el gasto corriente y salarios onerosos que se pagan a funcionarios públicos, así como de los organismos autónomos que, no obstante su autonomía de gestión, debe limitarse por medio de la ley a techos salariales, no superiores a los del Presidente de la República y derramar dineros a la inversión educativa.
Por otro lado, es un eufemismo eso de la corresponsabilidad de los padres con el servicio educativo de sus hijos, porque, vuelvo a lo mismo, los ciudadanos pagamos impuestos por consumo o renta salarial o utilidades de negocio con los cuales el gobierno federal tiene la obligación de cumplir con la Constitución que establece la gratuidad de la instrucción.
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El líder del PRI, Sergio Alanís mandó metralla contra la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes al demandarle que abandone su futurismo electoral y atienda a la ciudad que “se encuentra en un gran abandono”. Señaló que “es de doble moral lo que hace, por lo que le exhortamos a recomponer el camino y si no, a presentar su renuncia o solicitar su licencia para poder enfocarse únicamente a sus temas de nociva precampaña”.
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En la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que no se llevará a cabo otro periodo extraordinario de sesiones y dijo que la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente requiere tiempo por la complejidad del tema.
Aseguró que esa decisión “desahoga o baja tensión a la dinámica de las últimas semanas”, en referencia a las manifestaciones y bloqueos de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la ciudad de México, quienes rechazan aspectos de la reforma educativa y leyes secundarias.
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En tanto, la irrupción violenta que realizaron la semana pasada los integrantes de la CNTE en San Lázaro y su bloqueo al Palacio Legislativo, que obligó a sesionar en una sede alterna, dejaron una afectación económica preliminar de cuatro millones 500 mil pesos, informó la Cámara de Diputados.