A pesar de la oposición de Movimiento Ciudadano y la abstención de Morena, el Congreso del Estado ha admitido dos nuevos juicios políticos contra el gobernador Samuel García, sumando un total de 14 juicios activos.
La diputada Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, informó que se han admitido dos nuevos juicios políticos contra el gobernador Samuel García, sustentados en 12 resoluciones de la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales confirman el uso indebido de recursos públicos y violaciones graves a los principios democráticos.
“Cuando un gobernador usa su cargo para favorecer intereses personales o de partido, traiciona a la ciudadanía. El poder no puede ser una herramienta de autopromoción o control político. Nuestro deber es garantizar que en Nuevo León se respete la ley”, afirmó De la Garza.
La admisión de estos juicios políticos fue aprobada por los diputados del PRI, PAN y PRD que integran la Comisión Anticorrupción, a pesar del voto en contra de Movimiento Ciudadano y la abstención de Morena.
Como parte del procedimiento legal, el Congreso ha emplazado al gobernador para que comparezca y rinda cuentas sobre estos nuevos juicios políticos. La Oficialía Mayor, a través de la Dirección Jurídica, le notificará formalmente y tendrá cinco días hábiles para responder, ya sea por escrito o de manera presencial ante el Congreso.
Cada legislador deberá decidir si está del lado de la ciudadanía o si protege al gobernador por conveniencia. Con su voto, demostrarán si defienden la transparencia y la legalidad, o si se someten a los intereses del Ejecutivo”, subrayó De la Garza.
Si el proceso avanza y el Pleno del Congreso lo aprueba con al menos 28 votos, el caso pasará al Tribunal Superior de Justicia, que determinará las sanciones correspondientes, incluyendo la posible destitución o inhabilitación del gobernador.
La diputada Lorena de la Garza reiteró que este proceso no es un capricho político, sino una exigencia de justicia.
“Los abusos de poder no pueden ser normalizados. Nuevo León no puede seguir gobernando bajo la sombra de la opacidad y el abuso de recursos públicos. La ciudadanía merece un gobierno que respete la ley y que priorice las necesidades del estado, no los intereses personales o electorales”, finalizó la diputada.
