En la última semana, el gobierno estatal de Nuevo León tomó la decisión de iniciar un
proceso de “limpieza” a un tramo de 26 kilómetros del Río Santa Catarina. Dicha limpieza consistía en retirar la flora y arbolado de la zona, sin un plan de acción simultáneo para no generar un daño al ecosistema.
Diversos expertos en la materia, así como la ciudadanía y la sociedad civil, se han
posicionado en contra de estas acciones, ya que retirar la flora y árboles de la zona genera un daño a gran escala en el medio ambiente del Estado.
Por esto, el diputado local Luis Susarrey, así como el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, mediante una iniciativa de reforma a la Ley ambiental y al Código Penal del Estado de Nuevo León, proponen crear un Comité Estatal de Flora y Arbolado Urbano, el cual sea el encargado de autorizar los trámites de retiro y reposición de flora y arbolado urbano y los proyectos de arborización en parques y áreas públicas.
Dicho comité se propone que este conformado por el Secretario de Medio Ambiente del Estado, dos representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey o de la
Universidad Regiomontana, pertenecientes a facultades o áreas especializadas en Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra; y dos representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en Medio Ambiente y materias afines.
Entre sus atribuciones se encontrará:
I. Autorizar los trámites de retiro y reposición de flora y arbolado urbano;
II. Interponer ante las autoridades competentes los recursos correspondientes por
faltas administrativas cometidas por servidores públicos, personas físicas y morales;
III. Interponer ante las autoridades competentes las denuncias por delitos ambientales cometidos por servidores públicos, personas físicas y morales; y
IV. Autorizar los proyectos de arborización en parques y áreas públicas.
Asimismo, se propone aumentar la pena de 4 a 12 años de prisión a quien tale, desmonte o destruya árboles de bosques o afecte los recursos. Actualmente, la pena es de 1 a 9 años de prisión.
