Al señalar un rotundo no al trasvase de agua de la Presa El Cuchillo hacia Tamaulipas, el Gobierno de Guadalupe instó al Estado para que analice en la mesa de diálogo, por esta ocasión, la indemnización solicitada por los mismos ejidatarios.
Ante ello, la alcaldesa Cristina Díaz consideró urgente priorizar y defender el consumo humano de los 5.7 millones de nuevoleoneses, llegando a un acuerdo con los propietarios de las 69 mil hectáreas del distrito 26.
De acuerdo a información difundida públicamente, los ejidatarios pusieron la propuesta sobre la mesa para ser indemnizados con 5 mil pesos por hectárea, lo que en costo total representarían 345 millones de pesos, que pudieran ser solventados por el Gobierno del Estado, garantizando el consumo del vital líquido para las familias de Nuevo León.
La autoridad municipal reconoce el decreto establecido, sin embargo, hizo un llamado para privilegiar en el acuerdo el consumo humano del agua.
Durante exposiciones planteadas en los últimos días, especialistas insisten que Nuevo León sufrirá una nueva crisis a principios de 2023, ante el bajo pronóstico de lluvias para la región.
En el convenio que fue firmado en 1996 entre los Gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, se acuerda que al llegar cada 1 de noviembre se debe realizar el trasvase de la Presa El Cuchillo solamente si tiene un almacenamiento superior a 315 millones de metros cúbicos y la Presa La Boca muestra un volumen menor a 700 millones de metros cúbicos.
Por lo que el Estado de Nuevo León deberá enviar 319.363 millones de metros cúbicos, lo que ocasionaría que la presa El Cuchillo se quedaría con un llenado de casi 40 por ciento, afectando a los ciudadanos nuevoloneses.
Cabe resaltar que al corte del 14 de noviembre el embalse de El Cuchillo se encuentra a un 67.7 por ciento de llenado; La Boca, se encuentra en un 68.1 por ciento de su capacidad; y la Presa Cerro Prieto, actualmente tiene un 19.3 por ciento de llenado.
Es por eso que, el Gobierno de Guadalupe mantiene su postura de evitar el trasvase agua hacia Tamaulipas, ya que otorgar el agua representa un grave riesgo para los neoloneses, además de una violación al derecho universal de acceso al agua.
