En apoyo a la solicitud de la ciudadanía y consciente de la importancia de la equidad de género y el derecho de las mujeres a participar y ocupar cargos públicos, desde la semana pasada el Gobierno de Monterrey presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra designación del Fiscal General de Nuevo León.
El Ayuntamiento Regio se suma de esta forma al llamado de distintos sectores para que se incluya en la normativa local, el tema de paridad de género en la designación de órganos constitucionales autónomos como la Fiscalía General del Estado, por lo que solicitó la suspensión del proceso para designar al Fiscal.
La autoridad de Monterrey argumentó que la demanda presentada el 09 de noviembre, es procedente porque existe un conflicto constitucional, dado que la designación del Fiscal impacta a la seguridad pública del estado y de los municipios.
La suspensión se pidió debido a que la misma Ley establece que el proceso debe congelarse mientras se tramita la controversia.
Se busca que la Suprema Corte invalide el progreso que se lleva en la designación del Fiscal y obligue al Congreso de Nuevo León a legislar el tema de la paridad de género, para que así, el nuevo procedimiento sea igualitario y justo.
Esta impugnación del Municipio de Monterrey se suma a una serie de amparos promovidos por ciudadanos participantes en el proceso de selección del Fiscal, y organizaciones de la sociedad civil de todo el estado, ante la falta de equidad en procedimientos políticos y contra la desigualdad de la mujer al momento de acceder a cargos públicos de alto nivel.
