Ante un presunto brote de COVID-19 en el Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de medidas precautorias para evitar que se produzcan daños o afectaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
La CEDHNL, encabezada por la presidenta Olga Susana Méndez Arellano, dirigió el escrito al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, Raúl Salvador Ferráez Arreola, para que se tomen las medidas sobre el posible contagio de 30 mujeres privadas de la libertad y más de 20 casos sospechosos.
El documento establece ocho medidas precautorias, que van desde la atención médica oportuna y adecuada para las personas privadas de la libertad, hasta solicitar brigadas médicas a la Secretaría de Salud.
“Que se adopten las medidas necesarias y oportunas para brindar la atención médica a las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Femenil que lleguen a presentar algún síntoma relacionado con el virus SARS COV-2 y, en su caso, se valore la pertinencia de su traslado a un hospital para su debida atención”, menciona la cuarta medida.
Además, el escrito propone realizar un diagnóstico de las mujeres contagiadas que hayan tenido contacto con el resto de las personas en el Centro de Reinserción, efectuar pruebas médicas para descartar la propagación del contagio, garantizar el interés superior de los menores que se encuentran con madres recluidas, adoptar medidas necesarias para garantizar la salud de las mujeres embarazadas, así como contar con los espacios y camas suficientes para atender a las personas contagiadas.
La CEDHNL espera que en un plazo de 24 horas la Agencia de Administración Penitenciaria informe sobre el particular y notifique, en su caso, las medidas adoptadas para atenderlo.
