La Diputada Claudia Caballero Chávez, integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, presentó al pleno un dictamen que contiene el proyecto de la nueva Ley de Protección Civil y Servicios de Emergencia del Estado de Nuevo León.
Esta ley está destinada a fortalecer las instituciones diseñadas para proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.
“Se considera de vital importancia para los Diputados integrantes de esta Comisión de Dictamen Legislativo esta nueva Ley, y se ve como un paso sumamente trascendental el generar la obligación concurrente del Estado y municipios en cuanto a los servicios de emergencia y contar con cuerpo de Bomberos, y servicios de ambulancias, ya que sin duda son servicios vitales que le corresponden primigeniamente a las autoridades Estatal y municipales, pues son las encargadas de reducir las diversas situaciones que originan riesgos, emergencias y desastres, y son las obligadas de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley que nos ocupa, con el anexo de estas medidas y con estos cuerpos especializados llevarán a cabo acciones coordinadas para garantizar un Estado seguro y que sus autoridades se encuentren debidamente preparadas para actuar en estos momentos de emergencia” mencionó en su exposición Caballero Chávez.
“Por lo que respecta a la propuesta del Expediente 14389, se considera de suma importancia la socialización desde los niveles básicos del Sistema Educativo, sin embargo no pasa inadvertido para esta dictaminadora que dicha acción generaría una actividad importante para la Protección Civil estatal, por ello en aras de permitir que la cultura de la prevención permee desde las edades tempranas, es que nos pronunciamos a favor del espíritu de la propuesta, con unas modificaciones para no cargar ni generar un deterioro en las finanzas del Estado” agregó.
Los artículos transitorios contemplan un plazo de 180 días para que el gobierno estatal y los municipios emitan los reglamentos correspondientes.
